España crea banco malo para vender bienes tóxicos

Se trata de la quinta reforma del sistema financiero español desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008 --dos bajo mandato socialista, tres en ocho meses con el actual gobierno conservador del Partido Popular--. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostró confiado en que esta última sea la definitiva.

"No existe una recuperación sólida y sostenible si no hay crédito disponible y si no tenemos un sistema bancario solvente", dijo De Guindos tras la reunión del Consejo de Ministros. "Estamos poniendo las bases para que no se reproduzcan crisis como la que hemos vivido", agregó.

La nueva ley, que entra automáticamente en vigor, alumbra una Sociedad de Gestión de Activos, lo que se conoce popularmente como banco malo.

La sociedad comprará activos tóxicos, como suelo, promociones y viviendas vacías en manos de los bancos para venderlos y generar beneficios con un horizonte temporal de entre 10 y 15 años, cuando supuestamente el ciclo económico sea más favorable que el actual, en el que la economía atraviesa su segunda recesión en cuatro años y soporta un desempleo de casi 25%.

De Guindos explicó que sólo los bancos con ayudas públicas o nacionalizados --ocho en total hasta el momento-- podrán soltar lastre de sus balances enajenando esos activos devaluados al banco malo, que estará participado en un porcentaje bajo por el Estado y en su mayoría por iniciativa privada.

La clave será el dinero que se pague a los bancos por esos activos, que figuran en sus cuentas a precios irreales, ya que el colapso de la construcción ha deteriorado notablemente su valor.

El titular de Economía dijo que será el Banco de España el encargado de actuar como tasador, pero dejó entrever que el precio será notablemente inferior a los 180.000 millones de euros (226.780 millones de dólares) en activos tóxicos que reconocen las propias entidades, según el Banco de España.

Por ejemplo en Irlanda, donde en 2009 se creó un banco malo, se pagaron 30.000 millones de euros (38.000 millones de dólares) por unos activos que los bancos cifraban en 74.000 millones (93.000 millones de dólares).

"La clave es a qué precio se van a acabar pagando los activos", explicó Jordi Fabregat, profesor del departamento de Control y Dirección Financiera de la escuela de negocios ESADE en Barcelona. "Si el precio de los activos es muy alto, lo pagaremos toda la sociedad; si es muy bajo, los bancos necesitarán más ayudas", agregó.

De Guindos aclaró que el objetivo de la reforma es que no le cueste un sólo euro al contribuyente.

"Aprovechando la ayuda financiera obtenida de Europa, esperamos que este proceso pueda solventarse sin coste para el contribuyente", afirmó.

Además del banco malo, que deberá estar constituido a finales de noviembre, la reforma financiera concede nuevos poderes al Banco de España para controlar a los bancos y evitar casos como el de la entidad nacionalizada Bankia, cuarta del país, que en mayo admitió un agujero de más de 20.000 millones de dólares.

La entidad reguladora podrá intervenir cualquier banco teóricamente solvente si se estima que podría tener problemas en el futuro. El texto prevé tres escenarios en función de la crisis que atraviese el banco. En el peor de los casos, cuando una entidad con ayuda pública sea incapaz de devolverla en un plazo de tiempo razonable, la ley faculta al Banco de España a trocear la entidad y a efectos prácticos liquidarla, vendiendo al mejor postor los activos que se consideren atractivos y cuyo valor no esté deteriorado.

"El principio general es actuar preventivamente", dijo De Guindos. "Con unos instrumentos como los que hoy (viernes) ha aprobado el Consejo de Ministros seguramente la crisis bancaria española se habría abordado de una forma completamente distinta", añadió.

Con esta reforma, España dio el penúltimo paso para empezar a recibir dinero del rescate bancario aprobado por la Unión Europea. A mediados de septiembre está previsto que empiecen a conocerse auditorías detalladas de los bancos más problemáticos de España.

En ese momento, el país ibérico podrá empezar a solicitar tramos de ayuda del rescate europeo hasta un máximo de 125.000 millones de dólares para inyectarlo en las entidades que lo soliciten, que deberán cumplir exigentes ratios de solvencia para acceder a la ayuda.

Con estas medidas, España trata de evitar el contagio entre su deuda bancaria y su deuda soberana para no seguir los pasos a Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, que necesitaron un rescate total de su economía.