Una de las profesiones más peligrosas de Colombia

Según la Federación de Educadores de Colombia, los maestros son el sector de trabajadores que más sangre ha derramado como consecuencia del conflicto.

Archivo Semana. Cientos de niños se quedaron sin maestros por las amenazas del crimen organizado contra los docentes. Archivo Semana. Cientos de niños se quedaron sin maestros por las amenazas del crimen organizado contra los docentes.
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BBC

Las advertencias llegaron por mensaje de texto, demandando el pago de 14 millones de pesos (poco más de US$7.900) o si no…

Y fue así que, hace una semana, los más de 1.100 alumnos de una escuela rural de Tierra Alta, en el departamento colombiano de Córdoba, de pronto se quedaron sin profesores.

Los 44 docentes abandonaron la escuela de "Las Delicias" y buscaron refugio en la sede del sindicato regional, al que no le falta experiencia lidiando con este tipo de problemas.

Después de todo, extorsiones y amenazas son parte de la rutina de los educadores que trabajan en las zonas de conflicto. Y en Córdoba operan numerosas bandas criminales dedicadas al narcotráfico (Bacrim).

"Pero aquí por los menos les avisaron. Hay casos en los que no les avisan y terminan los maestros víctimas de las balas asesinas", le dijo a BBC Mundo Luis Grubert, de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE.

Y, como explica Grubert, las Bacrim no son los únicos grupos armados ilegales que tienen a los maestros en la mira.

"Aquí hay insurgencia, hay fuerzas paramilitares y hay bandas criminales", recordó.

"Y como los maestros estamos en todos los lugares del país, por ser nosotros la presencia del estado, nos volvemos objetivos de todos los actores armados".

"Eso hace que los educadores sean el sector de trabajadores que más cuota de sangre ha puesto en este conflicto", afirmó.

Actores incómodos

Según la Federación, durante la última década en Colombia registra 949 maestros asesinados, 4.003 amenazados, 1.092 desplazados, 60 desaparecidos y 70 refugiados.

"Y en este año ya van quince (maestros) asesinados y reportados hay 200 que están siendo víctimas de extorsión", informó Grubert.

El Ministerio de Educación de Colombia disputa estas cifras, pero el consuelo que ofrecen las estadísticas oficiales -que registran 498 docentes asesinados de 2001 a la fecha, así como unos 1.800 profesores amenazados- no deja de ser relativo.

Y el viceministro de la cartera, Mauricio Perfetti, reconoce que "el magisterio se enfrenta, en algunos sitios, con algunas dificultades desde el punto de vista de su seguridad".

Para el sindicalista Grubert, la clave del problema está en que el maestro, como parte de su trabajo, tiene que interpretar la realidad del entorno en donde vive, "y a algunos armados no les gusta eso".

"Por ejemplo hay casos en los que a los alumnos intentan convencerlos que engrosen las filas de los armados y el maestro trata de orientar al niño de que no haga eso y eso lo vuelve vulnerable", explicó.

Y especialmente ilustrativo es el caso de otro profesor del departamento de Córdoba, quien hace poco más de un mes tuvo que abandonar su cargo como director de una escuela rural en Palmira, Tierra Alta, como producto de las amenazas.

"Ahí se estaba dando una situación tipo 'Crónica de una muerte anunciada', porque en ese pueblo hay un fenómeno y es que por cada 10 casas, siete tienen al hijo, al sobrino, al nieto metido en esos grupos armados", le dijo a BBC Mundo el docente, que pidió ser identificado como "Róger Alberto".

"Entonces la gente del pueblo sabía que contra mí se estaba gestando una situación de criminalidad. Pero alguien logró avisarme y entonces salí a tiempo", relató.

Ni música, ni historia

"Róger" cree que se ganó la animadversión de las Bacrim por los diferentes proyectos que impulsaba en la escuela.

"Por ejemplo el proyecto de educación sexual. Porque ahí se daba un fenómeno que cualquier jefe paramilitar llegaba y cogía una niña de 12 años, de 13 y se la llevaba, como si comprar un ganado, una vaca, y los padres de familia toleraban eso. Pero esos índices los fuimos rebajando", explicó.

"Tampoco les gustaban los proyectos de democracia. Ni el proyecto de música, (impulsado) bajo el principio de que la persona que tocaba un instrumento musical era difícil que tocara un arma".

"Todo ese lenguaje lo estábamos manejando y creo que eso no les gustaba a ellos", aventuró.

En algunas zonas la situación ha llegado al extremo en que hay escuelas donde los maestros simplemente no pueden enseñar historia, porque los actores armados lo prohíben, afirma Grubert.

Y, en un contexto de violencia, la exigencia académica a menudo es secundaria a otras consideraciones.

"En muchos casos, en esas zonas de conflicto, se tiene que ser demasiado permisivo, para evitarse posibles retaliaciones", explicó el directivo de FECODE.

El viceministro Prefetti, sin embargo, es de la opinión que la mayoría de riesgos que enfrentan los maestros no están relacionados con lo que ocurre en el aula de clases.

"Eso hace parte de unas condiciones generales que enfrentan algunas zonas. En algunos casos se trata de zonas alejadas, y como los docentes reciben mensualmente sus salarios, sus prestaciones sociales, etc., eso los hace en alguna medida susceptibles a recibir este tipo de amenazas", le dijo a BBC Mundo.

"Hay casos en los que las investigaciones han arrojado que (los maestros) enfrentan los mismo riesgos de extorsión o atraco que cualquier otro ciudadano", agregó el ministro.

"No hay una evidencia, ni mucho menos, que permita decir que la condición de docentes en Colombia los hace más vulnerables", afirmó.

Respuesta institucional

Esta apreciación, sin embargo, no le ha impedido a las autoridades tomar toda una serie de medidas orientadas a mejorar la situación de seguridad del magisterio.

En el año 2003 se creó un comité especial que se encarga de evaluar la situaciones de docentes amenazados y se han emitido varias directivas ministeriales que buscan facilitar el traslado de docentes por razones de inseguridad.

Y también existe un grupo interinstitucional para la prevención de las amenazas a maestros integrado por los ministerios de Educación, Interior y Justicia y Protección Social, además de la Procuraduría General de la Nación, la Vicepresidencia de la República y la misma FECODE.

Pero, por lo pronto, "Roger Alberto" sigue esperando que la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba orden su traslado a otra localidad.

Mientras, el profesor Grubert sólo pide una cosa.

"Aspiramos a que las escuelas sean respetadas como territorios de paz en el conflicto", concluyó.

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