¿Qué ganan los consumidores con el nuevo estatuto?

El primer beneficio es que tiene un enfoque más acertado que el de 1982, porque  pone el derecho al consumidor en su dimensión correcta, atiende pequeñas causas, resuelve problemas cotidianos de la gente, vela por lo fundamental. Le da estatus a la protección al consumidor.
    
¿Es una ley moderna, ajustada a conceptos internacionales?

Sí, porque el estatuto anterior no contemplaba realidades que afectan hoy la vida del ciudadano. Fue expedido antes de Internet, y no velaba por los derechos en el comercio electrónico. Ahora se ajusta a la doctrina internacional del derecho al consumidor. Estábamos retrasados y ahora contamos con una ley de vanguardia, que toma lo mejor de la experiencia internacional, es agudo, completo y define responsabilidades contractuales, además de respaldar al consumidor cuando reclama daños o defectos, por ejemplo.

¿Desde cuando se venía impulsando esta nueva normatividad?

Esto empezó hace año y medio y es la décima vez que se intenta en el Congreso. Siempre se hundía en los últimos debates. Es un logro maravilloso.
    
¿Qué papel jugó la Superintendencia en este objetivo cumplido?

La Superintendencia fue muy activa en impulsar la iniciativa, propiciamos mesas con sector privado, conversamos con congresistas para discutir cláusulas específicas de las normas. Esta formativa recoge los deseos y aspiraciones de la Super para proteger al consumidor. La verdad es que el anterior era más corto y menos ambicioso. Logramos incorporar temas como comercio electrónico, y de régimen contractual, que estaba poco desarrollado.

¿Ahora que sigue?

La norma exige que se haga un periodo de transición de seis meses. El reto es para los alcaldes y gobernadores, pues hay que concertar la manera de divulgarlo para que los  colombianos conozcan sus derechos y la forma de reclamar ante la Superintendencia en sectores como salud, educación, servicios públicos a los que nunca se les había podido reclamar y que ahora quedaron cobijados bajo esta formativa.

¿En cuanto a multas y sanciones, ¿en qué se mejoró?

La Superindustria tiene dos tipos de facultades: el reclamo o la denuncia. La denuncia infiere proteger un interés público e imponer sanciones administrativas. Y los reclamos buscan velar por devoluciones de dinero. En el caso de la denuncia se pasó de multas de 1.000 a 2.000 salarios mínimos, la máxima sanción que puede poner la Super. En el caso del reclamo, el trámite para buscar aprobación será más simple: hoy tarda en promedio de nueve meses y con el nuevo estatuto será de dos a tres meses.
    
¿Cómo se siente con el nuevo estatuto?

Tengo que reconocer que estoy muy contento y satisfecho. En un país donde la justicia no tenía en cuenta los pequeños daños o reclamaciones, y no había velocidad ni efectividad es un logro haber dado ese paso. Ahora se llena un vacío tremendo en el país y se vela por la satisfacción de las necesidades cotidianas de la gente.