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¿Gasolina barata?. Juan Felipe Parra, profesor e investigador asociado del Cesa.

Juan Felipe Parra, profesor e investigador asociado del Cesa.

¿Gasolina barata?

Por Juan Felipe Parra

Cada vez que se ajusta el precio de la gasolina surgen también críticas a la política de ligar el precio interno de los combustibles con el precio de referencia que rige a nivel internacional.

Cada vez que se ajusta el precio de la gasolina en Colombia surgen también críticas a la política de ligar el precio interno de los combustibles con el precio de referencia que rige a nivel internacional.

Se escuchan protestas reiteradas al punto que algunos congresistas han decidido asumir las banderas del tema para defender a estos consumidores inconformes con la política del Ministerio de Minas y Energía.

Los argumentos que se les escuchan a los parlamentarios que hacen oposición con este tema son básicamente dos: (i) Colombia es un productor de gasolina que podría vender el combustible más barato internamente y (ii) las alzas en el precio de este bien se trasladan a los colombianos de menores ingresos por la vía de mayores precios en su canasta de consumo.

Más aún, se afirma que los colombianos pagamos un precio mayor al de países que tienen un mayor nivel de ingreso, como Estados Unidos, y que incluso entre los países latinoamericanos pagamos una de las gasolinas más caras.

Históricamente, el petróleo y sus derivados se empezaron a subsidiar en Colombia desde antes de la fundación de Ecopetrol, y las razones para ello estuvieron asociadas con la necesidad de apalancar el sector productivo nacional.

En esencia, el sistema interconectado de generación eléctrica con el que se cuenta hoy no existía para ese entonces, de manera que las empresas, en muchos lugares, autogeneraban su propia energía, precisamente con la gasolina.

Desde este punto de vista, el petróleo y sus derivados fueron considerados como unos energéticos estratégicos para el desarrollo industrial de Colombia bajo unas directrices de política económica diseñadas a la luz del modelo de sustitución de importaciones. Con el tiempo, la hidroelectricidad sustituyó la energía que anteriormente se autogeneraba.

Adicionalmente, el país inició hacia la década de los 90 una serie de reformas orientadas a establecer el modelo económico de libre mercado. Se reformuló el papel del Estado en la economía porque se consideraba de un tamaño exagerado, que perseguía demasiados objetivos y que sobre regulaba la actividad económica.

El petróleo no fue ajeno a estas medidas y la intervención del Estado, a través de la asignación de un subsidio, también se consideró en contravía del modelo económico de libre comercio que asumió el país.

Para la época en que se dio la desregulación en el mercado de los combustibles -finales de los 90-, las finanzas públicas presentaban un déficit que en buena medida se explicó por el débil comportamiento de la economía nacional.

Los pobres resultados en materia de crecimiento indujeron unos menores ingresos por cuenta de menos recaudo impositivo. Aunque se llevaron a cabo continuas reformas tributarias para corregir el desequilibrio fiscal, la crisis de deuda pública llevó a buscar otras alternativas.

Entre estas alternativas el gobierno encontró en Ecopetrol la gallina de los huevos de oro, pues los hallazgos del crudo, sumado a los buenos precios que se dieron en el mercado internacional, permitieron que la estatal petrolera alcanzara excedentes financieros nunca antes vistos.

En síntesis, el petróleo perdió su carácter estratégico en términos de lo que representaba para la industria nacional y ahora se considera estratégico por una razón diferente: permite mantener un equilibrio fiscal necesario para la estabilidad macroeconómica. Este cambio, en la percepción de Ecopetrol, indujo a la presencia de una restricción financiera dentro de sus objetivos.

Se le asignó una responsabilidad que antes no tenía, esto es, alcanzar mayores excedentes para ser transferidos al Estado para poder financiar su funcionamiento. Naturalmente esta nueva política provocó una pérdida en el bienestar de los consumidores, pero no por las razones populistas que expresan los equivocados congresistas, quienes no han podido entender el concepto de costo de oportunidad ni han comprendido que el petróleo es de todos los colombianos y no de una minoría con vehículos particulares.

De hecho, no es cierto que las clases menos favorecidas de la sociedad se vean afectadas por las alzas en el combustible; el precio en la última década ha subido un 600% en términos reales, mientras que la inflación ha caído significativamente en el mismo período: en el año 2012 llegó a 2.4%.

Tampoco es cierto que Colombia pague una de las gasolinas más caras en la región, pues hay al menos cinco países latinoamericanos que tienen un precio mayor. Por último, la comparación con el precio en Estados Unidos es completamente desafortunada, pues en ese país la gasolina es una de las más baratas del mundo.

Para encontrarle la solución a un problema es necesario identificar las causas. Si no se conoce su origen, tampoco se podrá atacar directamente. Por ello, si el país coincide en la necesidad de dar un alivio a los consumidores de gasolina, no se puede justificar en lo que eso representa para los pobres, sino en que a Ecopetrol no se le pueden exigir rendimientos financieros propios de un monopolio privado.

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